DECRETO AUTONÓMICO DE
COMUNIDADES INDÍGENAS
NOTICIA A ANALIZAR:
La noticia fue publicada en
varios medios impresos el día 7 de octubre pasado, día en el cual se expidió el
decreto 1953 de 2014 mediante el cual se crea un “régimen especial para poner
en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de
los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la
ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”. Su propósito es
dar la posibilidad de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas y
abre paso para la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI).
Allí se establece la posibilidad
de asumir la administración de los sistemas propios de salud, educación agua
potable, y la forma de invertir los recursos del Sistema General de
Participaciones. El decreto fue presentado por el Presidente Juan Manuel Santos
y el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, dando cumplimiento a lo
establecido en la Constitución de 1991 y a los acuerdos de la Minga Indígena.
El decreto fue trabajado por representantes de varios pueblos en conjunto con
el Ministerio del Interior, durante un periodo de 10 meses. En la presentación
estuvieron cerca de 100 representantes de 95 pueblos indígenas.
En palabras del presidente, el
propósito del decreto es generar equidad permitiendo el autogobierno y la
autodeterminación reconociéndoles su condición de organización político
administrativa de carácter especial “que les permite el ejercicio de las
competencias y funciones públicas.
ANÁLISIS:
El decreto es un logro de la
lucha indígena en el camino del reconocimiento de la autonomía en autogobierno y
autodeterminación y un paso en la dirección del reconocimiento como Entidades
Territoriales Indígenas. Tiene aspectos interesantes tales como la decisión
voluntaria de cada comunidad de constituirse como territorio indígena y que por
lo tanto entre a operar la autonomía administrativa o de seguir funcionando
como lo están en la actualidad. El presidente les ofrece a los indígenas la
posibilidad de ser asesorados y acompañados por entidades como Planeación
Nacional y los Ministerios que tienen que ver con la administración de los
recursos; evitaría que estos sigan siendo manejados por las entidades
territoriales, municipios y distritos. Igualmente, establece que se debe dar
una certificación de parte del gobierno nacional en cuanto a la capacidad de
manejar estos recursos.
Se podría pensar que genera
riesgos en las comunidades por el manejo de recursos económicos que generen
corrupción o división entre las comunidades, que genere atomización de los
territorios o que contribuya al resquebrajamiento o deterioro cultural y con
ello a un proceso de asimilación por parte de la sociedad dominante.
Igualmente, puede generar mayores presiones por parte de empresas interesadas
en desarrollar proyectos de desarrollo o minería en los territorios indígenas.
Por otro lado, puede contribuir a que en la medida en que se gana autonomía y
autodeterminación se generen procesos de fortalecimiento cultual o territorial.
En cuanto a la salud, hay ya
varios pueblos que han logrado el manejo de sus recursos, a través de largos
procesos de lucha con las alcaldías y los departamentos, logrando una notoria
mejoría en la atención en salud. En ese mismo sentido, se ha logrado trabajar y
fortalecer la medicina propia, la cual estaba siendo afectada, debido a su no
reconocimiento por parte de la sociedad dominante. La mayoría, si no la
totalidad de los pueblos indígenas, tienen claridad en cuanto a que hay
enfermedades que son propias del blanco y por lo tanto, no hay cura o medicina
de parte de la medicina indígena, pero de igual manera hay enfermedades que no
pueden ser curadas por parte de la medicina occidental. De tal manera, en
muchas regiones del país, se ha abierto paso una intelectualidad en el manejo
de las prácticas en salud. Esta lucha continúa, pero ya se tienen logros como
es el caso del Distrito Capital. El decreto reconoce estos logros y abre paso
para que la intelectualidad y sobre todo el reconocimiento de la importancia
y validez de la medicina tradicional, continúen avanzando.
Si bien el Consejero Mayor de la
ONIC Luis Fernando Arias dice que todos los pueblos indígenas estarían preparados
para asumir esta responsabilidad en el 2015, se debe ser claro en que falta
capacitación en el manejo de recursos públicos y formación de profesionales en
muchas comunidades. En muchos territorios indígenas es difícil ejercer la
territorialidad y los procesos de autogobierno y autodeterminación debido a que
sobre ellos se ejercen presiones armadas por parte de los actores del conflicto
o por grupos ilegales que realizan actividades mineras, madereras o de cultivos
ilícitos.
Son muchos los riesgos y amenazas
que se tienen, pero igualmente, son muchas las oportunidades y fortalezas que
se pueden generar a partir de la expedición del decreto y la autonomía que se
reconoce en él. Pero, es claro, que es parte del proceso de la lucha indígena y
que ello genera un compromiso y unas responsabilidades mucho mayores. Además de
los capacitaciones en términos político-administrativos, es necesario
coherencia por parte del Estado colombiano, en otros aspectos de política
nacional, en particular con lo referente a las diferencias entre el modelo de
desarrollo nacional y el de cada uno de los pueblos indígenas. Seguimos
adelante.
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